Reinventando el gobierno (Osborne y Gaebler)
La obra de David Osborne y Ted Gaebler, "Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector", publicada en 1991, transformó radicalmente la visión y perspectivas de la gestión pública norteamericana. En poco tiempo, sus principios fueron adoptados por varios gobiernos estatales y municipales, lo que provocó el surgimiento de un gran movimiento cívico en Estados Unidos para reinventar el gobierno.
La propuesta de Osborne y Gaebler coincide con los postulados básicos de la nueva gestión pública. Advierte la necesidad de transformar las añejas y anquilosadas estructuras burocráticas y remplazarlas por “instituciones extremadamente flexibles... que ofrezcan bienes y servicios de gran calidad y que aprovechen al máximo todas sus energías... responsables ante sus clientes, que brinden opciones de servicios no estandarizados; que gobiernen más por la persuasión y los incentivos que mediante órdenes; que creen en sus empleados un sentimiento de significado, de control...”
El concepto de “gobierno empresarial”, Osborne y Gaebler sugieren seguir un mapa integrado por diez principios –que de ser leído adecuadamente- conducirá a reinventar el gobierno –a liberar nuevos modos de pensar y actuar-.
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El gobierno como catalizador es el principio básico de la propuesta; implica convertir al gobierno en un ente facilitador, promotor, coordinador, que armonice y active las iniciativas de los sectores privados, comunitarios y otras organizaciones no gubernamentales para la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad.
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El gobierno como ente competitivo supone el establecimiento de criterios de competencia en la prestación de servicios mediante la eliminación de los monopolios gubernamentales y la liberación de las fuerzas del mercado.
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El gobierno inspirado por misiones consiste en minimizar las reglas que ciñen la actividad gubernamental y orientarla en función de la misión y objetivos organizacionales.
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El gobierno orientado hacia los resultados implica cambiar la prioridad, de los insumos y los procesos a los resultados.
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El gobierno orientado hacia los clientes reconoce la importancia de servir a los ciudadanos.
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El gobierno empresarial consiste en dirigir la autoridad y responsabilidad del gobierno hacia obtener dinero en vez de gastarlo, y motivar a los empleados con diversos incentivos para lograr este objetivo.
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El gobierno descentralizado sugiere otorgar mayor grado de autoridad para tomar decisiones a los funcionarios en los niveles más bajos de la organización; significa delegar autoridad; conferir poder decisional a las unidades y empleados.
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El gobierno de la comunidad tiene como objetivo fortalecer las comunidades y la participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.
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El gobierno orientado al mercado explora la idea de utilizar los mecanismos del mercado para ofrecer servicios públicos.
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El gobierno previsor reconoce el valor de planificar el futuro y que “un número cada vez mayor de instituciones públicas intenta hacerlo utilizando una disciplina del sector privado conocida como planificación estratégica”.
La planeación estratégica aparece aquí como el proceso que permite examinar la situación de una comunidad u organización y su trayectoria futura. Implica el análisis de la situación, tanto interna como externa; la identificación de situaciones clave; la definición de la misión; la articulación de las metas básicas; la creación de una visión; el desarrollo de estrategias; el establecimiento de un calendario; y el diseño de un sistema de evaluación.
David Osborne se convirtió en el asesor principal del vicepresidente Al Gore en el diseño y elaboración del Informe para la Revisión del Rendimiento Nacional (National Performance Review-NPR), cuyo objetivo era transformar el funcionamiento del gobierno federal y abaratar sus costos utilizando la estrategia del llamado gobierno empresarial. Las ideas de Osborne y Gaebler se convirtieron oficialmente en el marco conceptual y filosófico para orientar el proceso de reforma gubernamental del sector público durante la administración del Presidente Clinton.
En este contexto, el Congreso norteamericano presentó al Presidente el documento “El Desempeño Gubernamental y sus Resultados. Acta de 1993” (Government Performance and Results. Act of 1993) en el cual se expuso un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones federales y una serie de recomendaciones para remediar los problemas. Entre ellas, destacó la obligación de las agencias federales de presentar ante la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget) y el Congreso su plan estratégico, sus planes anuales y su presupuesto correspondiente.
El Acta de 1993 pretendió incrementar la confianza de la gente en la capacidad del gobierno mediante el establecimiento de programas de medición del desempeño y promoción de la orientación hacia resultados, la calidad de servicio, y la satisfacción del cliente. Adicionalmente, señaló la obligación de cada entidad pública de presentar al Congreso su plan estratégico, incluyendo los siguientes aspectos:
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una declaración detallada de la misión de la entidad explicando todas sus funciones y operaciones;
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un listado de los objetivos generales y metas para las funciones y operaciones más importantes;
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la descripción de cómo se llegará a las metas y objetivos propuestos, incluyendo el proceso de operación, el uso de tecnología, personal, capital, información y otros recursos;
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una identificación de los factores externos a la entidad, que están fuera de su control y que puedan afectar la realización de las metas y objetivos; y
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la descripción de un programa de evaluación que se usará para establecer una revisión general de las metas y objetivos. Asimismo, establece que el plan estratégico deberá cumplir un período no menor a cinco años y será actualizado y revisado por lo menos cada tres meses.
La planeación estratégica en la administración pública mexicana: los primeros pasos.
Desde la época de Lucas Alamán, en 1842, se había percibido la necesidad de contar con información estratégica para el desarrollo económico del país.
El Presidente Calles, en 1928, estableció las Comisiones de Eficiencia y el Consejo Nacional Económico con la finalidad de realizar un diagnóstico de la situación económica y social nacional.
Durante el Gobierno del Presidente Ortiz Rubio, se promulgó la Ley Sobre Planeación General de la República de 1930, con el objetivo de elaborar estudios, planos y programas que dieran sustento al diseño del plan nacional de México.
La idea de formular un plan para dirigir el desarrollo nacional está presente en 1934 y en 1941 y es el “partido en el poder”su principal protagonista al elaborar dos planes sexenales para las campañas de sus candidatos, con el propósito de que al asumir la presidencia fueran retomados como plataforma de gobierno.
Para 1947 se promulgó la “Ley para el Control del Gobierno Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal” que asignaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la tarea de presentar al titular del Ejecutivo un plan general de operaciones con carácter obligatorio.
El “Plan de Acción Inmediata 1962-1964” elaborado por la Comisión Intersecretarial para la Planeación Económica y Social, reflejaba más la necesidad de obtener apoyo financiero que la preocupación por resolver las necesidades económicas nacionales reales. Su objetivo primordial consistió en aumentar el dinamismo del mercado interno mediante la regulación económica y la mejora en la distribución del ingreso.
Durante el gobierno del Presidente López Mateos se creó la Secretaría de la Presidencia, a la que le fueron encargadas las tareas de planeación, coordinación y vigilancia del gasto público y de los diversos programas de inversión de la administración pública.
Durante el gobierno del Presidente Díaz Ordaz se integró la Comisión de Administración Pública al interior de esta Secretaría. La CAP tuvo bajo su responsabilidad de elaborar un diagnóstico de los sistemas y métodos de organización y funcionamiento de las entidades y dependencias del sector público, que sirviera como base para realizar la reforma administrativa correspondiente.
Siguiendo el mismo estilo del “Plan de Acción Inmediata 1962–1964” se formuló el “Programa de Desarrollo Económico y Social de México 1966-1970”, conocido también como “Plan de Acción del Sector Público”.
Para el siguiente sexenio -1970-1976- el gobierno del Presidente Echeverría, tomando en consideración algunas recomendaciones de la CAP, estableció las Unidades de Programación en el sector central y paraestatal del gobierno federal e instaló la Comisión Coordinadora y de Control del Gasto Público con el objetivo de sentar las bases para la implantación del presupuesto por programas mediante el control permanente, el seguimiento y la evaluación del gasto presupuestal.
Posteriormente, en la administración del Presidente López Portillo, como respuesta a la problemática que representaba el crecimiento desmedido del aparato gubernamental y su consecuente desequilibrio, se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que buscaba darle consistencia al Sistema Nacional de Planeación, a través de proponer la formulación de un Plan Global, como documento rector que propiciaría la formulación de los planes sectoriales e institucionales.
El presupuesto por programas constituyó el marco metodológico para la planeación nacional, sectorial y regional durante este período.
En 1982, a partir de las modificaciones a los artículos 25 y 26 constitucionales se creó el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) estableciendo con ello, la base para el diseño y la formulación de las políticas públicas.
La creación del SNPD, además de implicar reformas a los artículos 25 y 26 constitucionales, requirió de la promulgación de una nueva Ley de Planeación, y de cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
En la el artículo 13 de la Ley de Planeación se estableció que el proceso de planeación democrática consistiría en “las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas respectivos”.
En 1995, el Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) se expresó el interés por modernizar la organización, los métodos y los procedimientos de la gestión pública.
El PROMAP quedó bajo la responsabilidad directa de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).
